15.289 denuncias por intrusión en inmuebles registradas en 2023 (fuente: Ministerio del Interior), de las que 6.258 (40,9%) ocurrieron en Cataluña. Desde 2018 hasta 2023, el fenómeno de la okupación de viviendas alcanzó un total de 90.954 casos, consolidándose como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. La okupación pone en riesgo los hogares y bienes de las personas, exponiéndolos a situaciones de desamparo frente a quienes actúan al margen de la ley.

La vivienda representa la mayor inversión en la vida de cualquier ciudadano que ha trabajado y ahorrado durante años para garantizar un hogar propio. En este contexto, el artículo 47 de la Constitución Española establece: 

"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…"

A pesar de esta disposición, parece que el Gobierno actual y sus socios han interpretado que no son ellos quienes deben garantizar este derecho, sino que las viviendas privadas pueden ser objeto de okupación como solución a la escasez de vivienda social. Este enfoque deja desprotegidos a los propietarios, quienes, además de ver sus derechos vulnerados, son obligados a seguir cubriendo los suministros básicos (agua, luz, teléfono) que los okupas utilizan de manera gratuita.

La situación, además de grave, resulta paradójica: ¿cómo es posible que los okupas estén protegidos por la ley mientras los propietarios legítimos pierden sus derechos e, incluso, sean tratados como malhechores si intentan recuperar sus inmuebles? Esta indefinición legal y la falta de acción contundente por parte del Gobierno responden, en parte, a las divisiones internas y a la dependencia de socios políticos que no están de acuerdo en actuar contra la okupación.

Sin embargo, el 14 de noviembre, el pleno del Congreso aprobó una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que agilizará los desahucios en casos de usurpación de viviendas y allanamiento de morada. Aunque esta reforma es un paso adelante, es llamativo que partidos como PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaran en contra, dejando en evidencia su apoyo implícito a la okupación y su desprotección hacia los propietarios. Por otro lado, la abstención de VOX generó sorpresa al no apoyar un avance en la defensa de la propiedad privada.

Esta modificación legal, ahora remitida al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, podría avanzar hacia una protección más efectiva de los derechos de los propietarios. La aprobación final de esta reforma promete ser un paso significativo para abordar un problema que afecta a miles de familias y que exige una respuesta clara y contundente por parte de las instituciones.

El gobierno, en muchos casos, no ha logrado ofrecer soluciones efectivas para frenar este fenómeno. Las leyes, aunque existen, no se aplican de manera contundente y rápida, dejando a los propietarios desamparados y perpetuando una situación de impunidad. A menudo, las autoridades actúan con lentitud o incluso parecen respaldar una visión más permisiva que favorece a los okupas, lo cual no solo es injusto para los afectados, sino que también envía un mensaje de falta de autoridad y control.

En conclusión, los okupas representan un problema serio que va más allá de una simple cuestión legal; es una cuestión de principios y de justicia social. Los intereses de los propietarios deben ser protegidos de forma firme y efectiva, y el gobierno debe actuar con determinación para garantizar el orden, la seguridad y el respeto a la propiedad privada. De lo contrario, continuaremos enfrentando un círculo vicioso que solo agrava los problemas sociales y económicos de las comunidades.

Fuente: GIRONANOTICIES.COM