El “caso Pegasus” se desinfla, porque tiene varios “pinchazos” que le hacen perder aire de credibilidad, tal y como está siendo expuesto actualmente.

Un “pinchazo” lo ha dado hoy el ex ministro del Interior con el gobierno de Mariano Rajoy y actual europarlamentario Juan Ignacio Zoido, que forma parte de la comisión de los nueve eurodiputados que visitan España desde este lunes 20 para investigar qué pasó en el caso del presunto espionaje a políticos independentistas catalanes. Zoido ha reconocido en el programa “Más de Uno”, de Carlos Alsina, en Onda Cero, que no le consta que se produjese dicho espionaje tal y como ha salido publicado en la prensa; que cuando él fue ministro del Interior, ni tan siquiera oyó hablar de un operativo de espionaje, y menos aún del software Pegasus.; y que su antecesor, Jorge Fernández Díaz, le ha dicho que tampoco supo nada de este operativo.

Zoido está “esperanzado” con la idea de que la Justicia determine finalmente la inocencia de su antecesor Fernández Díaz, que ha sido implicado en la trama de espionaje parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas. Se ha mostrado “esperanzado”, pero ha evitado proclamar la inocencia del ex ministro de la trama Kitchen.

Sin embargo, con el “caso Pegasus” ha sido más claro y contundente. Ha afirmado que “cuando un estado democrático y de derecho se ve amenazado como se vio amenazado el español, con la proclamación unilateral de independencia, es lógico que los servicios de seguridad del estado controlen a los instigadores de la amenaza, porque para eso están, siempre bajo la autorización de un juez”.

Juan Ignacio Zoido ha afirmado que no le consta que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, utilizase el software israelí Pegasus y ha insinuado que el CNI podría tener sistemas de control “más discretos y muy eficientes”.

Resulta curioso que el ex ministro del Interior Zoido haya hecho este lunes estas declaraciones, cuando fue el Partido Popular Europeo, al que él pertenece, el que propuso investigar el uso de este tipo de spyware o programas espías en países como Hungría y Polonia, donde había indicios de que se habían utilizado para interferir en las campañas electorales, espiando a abogados, periodistas, jueces y líderes políticos.

Un “pinchazo” anterior: Marruecos

El “caso Pegasus” se desinfla también por el hecho de que el Gobierno español denunció poco después que el propio presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron víctimas de hackeo telefónico con Pegasus “por parte de algún país extranjero”.

De esta manera, el foco de los independentistas catalanes, puesto sobre La Moncloa, era desviado por La Moncloa hacia una potencia extranjera cuyo nombre no ha revelado, bien por voluntad de mantenerlo en secreto o bien por ignorancia. Luego vino la teoría de que el autor del espionaje había sido Marruecos.

Otro “pinchazo”: José Javier Olivas

Otro “pinchazo” se lo dio el profesor e investigador José Javier Olivas, quien ha revisado el informe del laboratorio en un documentado estudio de 248 páginas, “El caso Pegasus: una revisión crítica del informe ‘Catalangate’ de Citizen Lab”, que fue presentado al eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas.

Olivas evidencia los problemas metodológicos y éticos del informe de la Universidad de Toronto, lo cual impediría que sea utilizado como base probatoria en las comisiones parlamentarias o en los juicios.

Acorde con su investigación, con Catalangate, Citizen Lab infringe las directrices y los principios básicos de la criminalística digital porque sus resultados no han sido revisados o validados por pares independientes, además de la existencia de falta de transparencia y de acceso a la información.

La investigación del Catalangate refleja, explica Olivas, sesgo político, de selección de las personas presuntamente espiadas, y falta de rigor. Además de los intereses políticos, existe la sospecha sobre las motivaciones económicas tras el anuncio de Apple de destinar 10 millones de dólares a investigaciones sobre el uso ilegal del programa espía Pegasus, lo que podría explicar la negativa de la Universidad de Toronto a abrir una investigación independiente sobre Catalangate a petición de 100 profesores e intelectuales.

Fuente: GIRONANOTICIES.COM